Transparencia

Trámites:

UNIDAD DE TRANSPARENCIA: La Unidad de Transparencia es la instancia encargada de recabar y difundir las obligaciones de transparencia, recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información y las solicitudes de derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de los datos personales), que se formulen al Sujeto Obligado y servir como vínculo entre este y los solicitantes vigilando el cumplimiento de las leyes aplicables, al interior de la Dependencia.

Asesorar y orientar a quienes lo requieran en la elaboración de las solicitudes de acceso, así como sobre su derecho para
interponer el recurso de revisión, modo y plazo para hacerlo y en los demás trámites para el efectivo ejercicio de su derecho de acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable.
Tramitación de procedimiento del recurso de revisión en materia de protección datos personales

Que todas las personas que soliciten información pública, cuenten con la prerrogativa de
interponer ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE) un medio de impugnación contra la respuesta o, en su caso, la falta de ésta, derivado de una solicitud de acceso a la información, protegiendo y garantizando así el derecho humano reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Toda la información generada, adquirida, obtenida, transformada o en posesión de los
sujetos obligados se considera información pública, accesible a cualquier persona en los
términos y condiciones que establece Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Puebla y demás aplicable.

Que todas las personas, titulares de estos derechos, cuenten con la prerrogativa de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales que se encuentran en posesión de los responsables, protegiendo y garantizando así el derecho humano reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia constitución establezca